Decepcionante veto del Gobierno Regional a la Ley para regular la minería de tierras raras
Sí
a la Tierra Viva, decepcionada ante la falta de voluntad política del
Gobierno de García-Page para regular por ley la minería de tierras raras
La
asociación vecinal se muestra contrariada ante el criterio del
Consejo de Gobierno, publicado este lunes en el Boletín Oficial de las
Cortes regionales, por el que expresa su no conformidad a la tramitación
parlamentaria de la Proposición de Ley de minería de tierras raras en
Castilla-La Mancha, y lamenta que al final de esta legislatura
dicho Consejo se decante por desoír las peticiones ciudadanas realizadas
durante buena parte de la misma.
Es
así que el Ejecutivo no sólo no cumple el mandato de las Cortes de
Castilla-La Mancha de febrero de 2017, que por mayoría absoluta instaron
al Gobierno regional a iniciar los trámites para legislar sobre minería
de tierras raras. Además impide la iniciativa legislativa propia de la
institución que representanta a todos los castellano-manchegos en un
amago de despotismo ilustrado.
Hurtar
el debate parlamentario con el argumento de que la minería de tierras
raras cuenta con un amplio elenco de normativa sectorial que la regula
resulta peregrino, toda vez que corresponde a los poderes públicos
adecuar la norma a la realidad social y económica facilitando la
iniciativa legislativa, máxime en este supuesto cuando la ley de minas
data del año 1973. Ello es señal de falta de voluntad política del
ejecutivo castellano manchego.
Por
otro lado, argumentar, de forma adicional, la falta de crédito
presupuestario para la elaboración del plan estratégico sectorial que
requeriría la proposición de ley, evaluado en 120.000 euros por la
Viceconsejería de Medio Ambiente para el caso similar de la vigente ley
“antifracking” regional, es desmerecer la preocupación mostrada por las
comarcas que se han visto afectadas por proyectos mineros de tierras
raras, ponderando la misma en términos cuantitativos.
Por
último, Sí a la Tierra Viva le insiste a un Ejecutivo que reconoció
que hubo “un ambiente de presión del sector” para posibilitar el
proyecto de extracción de tierras raras en la provincia de Ciudad Real,
en la necesaria valentía política para afrontar el reto que supone
garantizar a la ciudadanía, mediante una ley autonómica, que la minería
de tierras raras no producirá los perjuicios en la salud pública y el
medio ambiente reconocidos en la resolución 09/dg-00108 de las Cortes
Regionales, basada en la evidencia científica expuesta en múltiples
estudios internacionales.
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