Nos respalda la Justicia
La Plataforma Sí a la Tierra Viva recibe el
respaldo de la Justicia en su labor de defensa del medio ambiente frente
al intento de Quantum Minería de exigir responsabilidad por daños y
perjuicios al presidente de esta asociación
En
una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Villanueva
de los Infantes, se desestima totalmente la pretensión de Quantum
Minería de ser indemnizada por el supuesto daño incalculable producido
en su buen nombre e imagen y se absuelve al presidente de Sí a la Tierra
Viva de la demanda interpuesta contra él por la empresa promotora de
los fallidos proyectos mineros de tierras raras en la provincia de
Ciudad Real
Dicha
demanda, interpuesta por Quantum en enero de 2017, momento álgido de la
oposición ciudadana al proyecto minero, se basaba en las actuaciones
realizadas por la plataforma al solicitar, en enero de 2016, la
colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para
esclarecer si se había incumplido la legalidad vigente, al haber tenido
conocimiento de que varias empresas mineras habían estado realizando
calicatas de investigación de tierras raras dentro de la Red Natura 2000
sin tener licencia municipal de obras, así como manipulando minerales
en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva, con los
consiguientes vertidos de aguas residuales, actividades estas que fueron
clausuradas con posterioridad por el Ayuntamiento de la localidad por
carecer Quantum de licencia, por lo que fue sancionada con 2.700 € por
ejercicio de actividad clandestina, sanción que está siendo revisada
por el Defensor del Pueblo por la importancia y gravedad de los hechos.
El
SEPRONA, en cumplimiento de la ley, realizó sus pesquisas, presentando
la investigación de más de 700 folios ante el Juez de Instrucción quien
admitió el atestado e inició Diligencias Previas del proceso penal, que
finalmente fue sobreseído provisionalmente, al no considerarse
suficientes los indicios para ser considerados ilícito penal.
ENVÍO DE BUROFAX AMENAZANTES
Esta
demanda vino precedida de dos burofax de la empresa al presidente de la
plataforma, a título personal, en los que, a modo de ultimátum, se le
avisaba con ejercitar cuantas acciones quepan en derecho si no ingresaba
más de 6.500 euros en la Fundación Francisco de Quevedo de Torre de
Juan Abad, fundación de carácter privado que lleva años sin realizar
actividades y que preside el ex-alcalde de dicha localidad, D. José
Luis Rivas Cabezuelo, que presentó su dimisión en febrero de 2016.
La
plataforma siempre entendió esta estrategia como un intento de hostigar
a su presidente, eligiéndolo como “cabeza de turco”, al dirigir la
demanda contra él a título personal y no en su calidad de representante
de la plataforma
SENTENCIA QUE AFIANZA LA ACCIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA BUSCAR AMPARO EN LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
La
sentencia avala la postura de defensa expuesta por la abogada de la
plataforma, María del Carmen Morallón Hidalgo, quien desde el inicio
manifestó que la denuncia ante el SEPRONA se circunscribía en el ámbito
de la acción penal publica que corresponde a cualquier ciudadano en
defensa de un bien jurídico general como es el medio ambiente, siendo
este un derecho legalmente reconocido.
En
consecuencia, el Juez afirma que no puede exigírsele al demandado un
acto de confianza ciega hacia la pulcritud de las actividades mineras
investigadas y no cabe entender que el fin de la denuncia fuera causar
perturbación en estas, ni existe prueba suficiente de temeridad o
negligencia en la formulación de la denuncia ni falta de rigor en la
diligencia requerida, sin que quepa considerar como reprochable en modo
alguno, ni penal ni civilmente el ejercicio de la acción penal, lo
contrario supondría una desincentivación de dicho derecho y el
correspondiente menoscabo para la protección de bienes jurídicos
públicos que atañen a todos los ciudadanos y a los poderes públicos.
Asimismo,
la sentencia viene a afianzar la acción de cualquier ciudadano que
tenga conocimiento de un presunto delito sobre bienes jurídicos
públicos, para que pueda denunciar con la tranquilidad de obrar conforme
a derecho.
PROYECTOS MINEROS RECHAZADOS POR LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA
Recordemos
que las concesiones mineras fueron denegadas por la Junta de
Castilla-La Mancha el pasado 22 de noviembre por su afección sobre la
Red Natura 2000 y la falta de sostenibilidad en materia de recursos
hídricos y tras un amplio rechazo social aglutinado en torno a esta
asociación cívica que ha sido especialmente combativa al considerar
desde el principio la inviabilidad técnica y ambiental de los proyectos
mineros, permaneciendo vigilante y denunciando las irregularidades
cometidas dentro del procedimiento administrativo, obligación que
compete a cualquier ciudadano pero sobre todo a las Administraciones
Públicas.
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